¿Es posible declararse insolvente teniendo nómina?

Declararse insolvente no significa no tener ingresos, sino no poder hacer frente a las deudas de forma continuada. En España, la Ley de Segunda Oportunidad permite acogerse a este procedimiento incluso a quienes tienen trabajo y perciben una nómina. Sin embargo, esto solo es posible cuando la situación económica resulta claramente insostenible. De este modo, la ley reconoce que tener ingresos no siempre significa poder hacer frente a las deudas. Esto se debe a que la ley no mide la insolvencia por los ingresos, sino por la capacidad real de pago.

La diferencia entre una falta puntual de liquidez y una insolvencia real es clara. En el primer caso, el problema es temporal: puede deberse a un gasto imprevisto o a un mes con menos ingresos. Sin embargo, la insolvencia se da cuando los pagos mensuales superan de manera constante lo que una persona puede asumir con su sueldo. En otras palabras, aunque se cobre una nómina, no se llega a fin de mes sin dejar impagadas algunas deudas. En ese momento, el sistema jurídico ofrece un mecanismo legal para regularizar la situación económica. Además, busca evitar que la persona quede atrapada en un ciclo de endeudamiento permanente. Así, se proporciona una salida real para recuperar la estabilidad financiera y comenzar de nuevo.

Existen varios indicadores que ayudan a determinar si una persona con nómina puede ser considerada insolvente. Uno de ellos es el endeudamiento desproporcionado, es decir, cuando el total de las deudas supera la mitad o más de los ingresos mensuales. También lo son los impagos reiterados, las reclamaciones judiciales de acreedores, los embargos en curso y la imposibilidad de refinanciar los préstamos.

Otro signo claro es la falta de patrimonio disponible. Si la persona no dispone de bienes suficientes para saldar las deudas, se considera que está en una situación de insolvencia. Asimismo, si vender esos bienes no alcanzara para cubrir el total pendiente, la conclusión sería la misma. De esta manera, la ley entiende que el deudor carece de medios reales para cumplir con sus obligaciones económicas. En estos casos, tener una nómina no impide acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. No obstante, sí condiciona la forma en que se estructura el plan de pagos. Además, influye en el porcentaje del salario que puede destinarse a amortizar la deuda, siempre respetando los límites legales de embargo.

Sí, es posible acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad teniendo una nómina. Este procedimiento fue diseñado precisamente para ayudar a particulares y autónomos que, aun teniendo ingresos, no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras. El objetivo es ofrecer una vía legal para reestructurar o cancelar las deudas, sin necesidad de renunciar al empleo o a los bienes básicos.

Los requisitos para acceder son claros y específicos. En primer lugar, el deudor debe actuar de buena fe y demostrar transparencia en todo el proceso. Además, no puede haber sido condenado por delitos económicos ni haber ocultado bienes o ingresos. Por último, la deuda total no debe superar los límites fijados por la ley, que actualmente se establecen en cinco millones de euros. Además, se debe haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos antes de solicitar la exoneración judicial.

El hecho de tener una nómina no impide acogerse a la ley, aunque influye en el proceso. El mediador concursal o el juez analizarán los ingresos mensuales y determinarán qué parte puede destinarse al plan de pagos. La nómina se embarga parcialmente, respetando siempre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta forma, se garantiza que la persona mantenga un nivel de vida digno. Además, puede cumplir con los compromisos adquiridos sin poner en riesgo sus necesidades básicas.

El salario es embargable de forma progresiva a partir del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto significa que nadie puede quedarse sin recursos para vivir por el hecho de tener deudas. La ley establece una escala por tramos para el embargo salarial. Así, el exceso sobre el SMI se embarga solo de forma parcial. De este modo, el deudor puede mantener un equilibrio justo entre su obligación de pago y su derecho a una subsistencia digna.

En el marco de la Ley de Segunda Oportunidad, tener una nómina incluso puede facilitar el proceso. Esto se debe a que permite diseñar un plan de pagos realista y ajustado a la capacidad económica del deudor. De esta manera, se garantiza que el cumplimiento sea sostenible en el tiempo y no genere una nueva situación de endeudamiento. Dicho plan se elabora tomando como referencia los ingresos netos, los gastos fijos y las cargas familiares del deudor. Gracias a ello, se garantiza que el pago de la deuda sea asumible. Así, se evita que el proceso genere una nueva situación de insolvencia en el futuro.

Cuando el plan de pagos se cumple o cuando el juez considera que el deudor ha actuado con buena fe y no dispone de medios para continuar, se puede conceder la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI). Esta medida implica la cancelación total o parcial de las deudas, permitiendo al solicitante empezar de nuevo sin cargas financieras. Es el punto más importante del proceso, ya que representa la auténtica “segunda oportunidad” para quien ha estado atrapado en el endeudamiento.

Sí, es posible declararse insolvente teniendo nómina, y cada vez más personas en España optan por esta alternativa. De hecho, se ha convertido en una vía eficaz para salir de situaciones de endeudamiento extremo. Así, quienes atraviesan dificultades económicas pueden encontrar una solución legal y viable para recuperar su estabilidad. Lo determinante no es cobrar un salario, sino demostrar que, aun con ingresos estables, la deuda supera la capacidad real de pago.

La Ley de Segunda Oportunidad protege a los trabajadores que actúan con buena fe y buscan una solución definitiva a sus problemas financieros. Contar con una nómina puede ser incluso una ventaja dentro del proceso. Esto se debe a que permite diseñar planes de pago sostenibles y ajustados a la realidad económica del deudor. Además, transmite confianza al juez, demostrando la disposición del solicitante a cumplir con sus compromisos de forma responsable.

En definitiva, declararse insolvente no significa rendirse, sino tomar una decisión valiente y responsable. Se trata de una herramienta legal que permite recuperar el control económico y salir del círculo del endeudamiento. Así, se protege el bienestar familiar y se abre la puerta a una nueva etapa libre de presiones financieras. Con asesoramiento adecuado, documentación transparente y una estrategia bien planteada, es posible volver a empezar con tranquilidad y seguridad.